Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021
“Los retos para la consolidación de nuestra democracia pasan por garantizar la paridad de género, pues no podemos hablar de democracia si al 52% de la población en este país no se le frecen los mismos derechos, no compiten en igualdad de circunstancias, no tienen acceso a financiamiento o medios de comunicación y, además, se les violenta políticamente por simple hecho de ser mujeres”.
Lo anterior fue señalado por la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, durante el Webinar “Combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, un reto para la consolidación de la democracia”, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y el INE, a través de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México.
En su ponencia realizada de manera virtual, la también Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, expuso que de acuerdo con información de INEGI, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida.
Agregó que de acuerdo con un análisis hecho por el INE durante el proceso electoral de 2018, sobre la violencia en redes sociales, se encontró que las mujeres son más violentadas que los hombres por arriba de un 60% y en prensa escrita, dicha violencia se recrudece, llegando casi al 80%.
En este sentido, destacó la aprobación de la Reforma conocida como “paridad total” aprobada en 2019, que habla de la integración paritaria en los distintos órganos, en los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno y en los organismos autónomos; además de la Reforma para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género publicada en abril de 2020.
Al respecto, refirió que de cara a esta elección, el INE aprobó un reglamento especial de quejas y denuncias para la implementación de Procedimientos Especiales Sancionadores, específicamente para atender casos de violencia política en razón de género, el cual se aplica con perspectiva de género y en donde el personal está debidamente capacitado para tender las quejas y denuncias de las mujeres que están siendo violentadas y otorga medidas cautelares y de protección.
Refirió que en el caso de los partidos políticos, también son responsables de atender los casos de violencia política que surjan entre sus integrantes, por lo que éstos deben incorporar en sus estatutos las obligaciones de prevención y sanción de la violencia, así como la promoción de la participación política paritaria.
En cuanto a las medidas cautelares implementadas por las autoridades administrativas, señaló que no se pueden exigir mecanismos o procedimientos que agraven la condición de la víctima e impidan el ejercicio de sus derechos o la expongan a sufrir un nuevo daño. Por ello, dijo, los procedimientos deben ser sumarios y cortos, de lo contrario, las mismas autoridades serían quienes violen los derechos de las mujeres, al no permitirles contender adecuadamente en el proceso electoral y en condiciones de equidad.
Destacó que a nivel nacional, los órganos electorales nacional y locales ya cuentan con un registro de personas infractoras o sancionadas por conductas en materia de violencia política en razón de género, el cual es un instrumento que permite verificar si se cumple con el requisito de un modo honesto de vivir, para competir a algún cargo de elección popular.
Adicionalmente, mencionó que otra acción contra la violencia política de género es la implementación de los formatos 3 de 3, en donde las personas aspirantes a una candidatura no deben estar bajo ningún supuesto de haber sido condenas o sancionadas, mediante resolución firme, por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidación corporal y como deudor alimentario.
Finalmente, sostuvo que es importante no quedarse calladas y callados, es un proceso electoral en el que los retos son la implementación exitosa de la reforma de paridad total, así como de combatir la violencia política en razón de género.
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