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Actualiza Consejo General del IECM Reglamento de Fiscalización

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2024

Boletín de prensa UTCSyD-346

  • Fortalece, mejora y agiliza los procedimientos, además de que incrementa la transparencia y la rendición de cuentas

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el nuevo Reglamento de Fiscalización con el que busca incrementar la certeza en diversos procedimientos, mejorar y agilizar los procesos de fiscalización y liquidación.

La normatividad actual fue elaborada tras un análisis técnico-jurídico, con el que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización identificó áreas de oportunidad y mejoras regulatorias.

En los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el propósito es otorgar mayores herramientas jurídicas, claridad y transparencia sobre los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados, así como lograr una mejora regulatoria y disminuir la carga burocrática, modificando plazos de presentación.

También tiene como finalidad hacer posible una adecuada rendición de cuentas, incorporar conceptos en el Glosario, fortalecer los procedimientos administrativos sancionadores, modificar y adicionar algunos requisitos en materia de fiscalización que deben cumplir las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en Partido Político Local.

Por otra parte, entre otros asuntos, el Consejo General recibió el Informe sobre el Registro de Observatorios Ciudadanos que se presentaron ante el IECM en 2024, así como el Informe Programático Presupuestal de la Junta Administrativa, correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024.

Adicionalmente, fue aprobado el contenido del material didáctico titulado Los derechos y obligaciones de la ciudadanía establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Dicho material busca difundir entre la ciudadanía el conocimiento de sus derechos, para que puedan ejercerlos en la capital del país, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana, que mandata a las autoridades a promover la construcción de ciudadanía y la vida democrática.

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